Ciudad de México.-Una persecución política en su contra denunció el diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Brasil Acosta Peña de parte del gobernador Miguel Barbosa y con la ayuda del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, además de mantener un permanente linchamiento mediático en perjuicio de integrantes del Movimiento Antorchista, como parte de una venganza por criticar los pésimos resultados del mandatario de Puebla y expresar que es inminente que Morena pierda las elecciones en esa entidad.
Acosta Peña en videoconferencia conjunta con Juan Celis Aguirre, dirigente antorchista en esa entidad dijeron que en Puebla, “la organización ha evidenciado la mala gestión del gobierno, que incluye el incremento de la pobreza, la violencia e inseguridad, y la fallida estrategia en la atención de la pandemia por el Covid-19 que ha colocado a Puebla dentro de los estados donde hay más víctimas de la enfermedad».
El legislador acusó a la Unidad de Inteligencia Financiera de congelar las cuentas donde recibe su dieta y los apoyos económicos de la Cámara de Diputados, y aseguró que no hay ninguna prueba de ilegalidad en su contra, y cuestionó que «¿Entonces el dinero que proviene de la Cámara de Diputados es de procedencia ilícita?».
Antorcha no es la única organización que exige resultados al gobernador, como lo demuestra la bajísima evaluación de Barbosa entre los poblanos, pero en vez de corregir y resolver los problemas que cada día se acumulan, expresan el gobernador se ha enfocado a perseguir políticamente a quienes considera sus enemigos, que incluye a partidos políticos, universitarios, organizaciones y comunicadores”, denuncia Celis Aguirre.
Añade: “Estamos ante una condenable venganza política de un gobernador emanado de Morena, una persecución absolutamente ilegal contra mexicanos de oposición, a la que no debe prestarse la Unidad de Inteligencia Financiera o cualquier otra instancia del gobierno federal”.
Este lunes 24 de agosto, la Unidad de Inteligencia Financiera emitió dos boletines en donde hace alusión a que han sido congeladas las cuentas de “una organización” que opera en el Estado de México, así como se han congelado las cuentas de sus líderes en el Estado de México y en Puebla. En ninguno de los textos menciona por su nombre a la organización ni a persona alguna.
Comentan que “los referidos boletines son una forma de eludir la violación al debido proceso en que incurriría Santiago Nieto y la UIF, de ventilar oficialmente los datos personales en los medios de comunicación”, sostuvo Acosta Peña, quien advirtió que esa violación a las leyes entraña un grave peligro para las libertades de todos los mexicanos.
Sin embargo, es “evidente la maniobra para filtrar posteriormente esos datos a la prensa y que los medios escriban el nombre del Movimiento Antorchista y los nombres propios de algunos integrantes de la organización que no son mencionados en los boletines de la UIF, lo cual evidentemente representa un linchamiento público y una violación a nuestros derechos constitucionales, pues no hay de por medio ninguna prueba de las acusaciones, ni hay un procedimiento legal que nos involucre. Son acusaciones lanzadas para causarnos el mayor daño moral posible y desacreditarnos políticamente”, sostuvo.
Dejó en claro que la actividad financiera del Movimiento Antorchista es legal, pública y siempre ha estado fiscalizada por las autoridades. “Nuestra independencia económica no es una vergüenza sino un modelo para hacer política a favor de los mexicanos más pobres, sin depender del erario”, agregó.
La UIF y Barbosa Huerta buscan paralizar la actividad financiera que sostiene las actividades políticas del Movimiento Antorchista, como es el transporte, alimentación, vestido y vivienda de sus miles de activistas; se busca acallar y frenar así a un competidor electoral que es muy crítico de los numerosos errores de la actual administración y tiene un peso social que es definitivo en las elecciones en varias entidades del país, concluyó Juan Celis.
Por su parte, Brasil Acosta, concluyó que “el objetivo de esta campaña de linchamiento y represión es confundir a los mexicanos sobre el origen del financiamiento de nuestra organización para eliminar a un competidor electoral con mucha presencia entre el pueblo».
Insisten que la actividad financiera es pública, legal y sometida a la fiscalización de las autoridades desde hace 46 años que nació como grupo organizado y no hay nada qué ocultar ni perseguir, porque «somos un grupo de mexicanos que generan recursos para su actividad social y política, no hay nada ilegal ni inmoral en el trabajo financiero de Antorcha, a menos que los gobernantes fabriquen delitos como en los peores tiempos políticos de este país», agregan.
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